En la actualidad, cada vez los Estados cuentan con mayores medios tecnológicos para vigilar las comunicaciones de las personas. Como lo señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión en su Reporte del año 2013, debido a los avances tecnológicos, ahora más que nunca los Estados cuentan con una mayor capacidad para realizar vigilancia simultánea, invasiva, focalizada y de larga escala. Esto plantea un riesgo para distintos derechos reconocidos en las constituciones de los Estados y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por ellos. Entre estos derechos se encuentran la intimidad, ya que información privada puede ser consultada sin autorización del titular; la  libertad de asociación, ya que puede conocerse lo que en ejercicio de este derecho un grupo de personas haga o discuta; la libertad de expresión, ya que el riesgo de que las comunicaciones sean vigiladas puede llevar a la autocensura o acarrear represión por parte de la autoridad, y el acceso a la información, ya que la información que es recolectada y almacenada a través de la vigilancia puede ser mantenida oculta y puede ser usada para fines no informados a sus titulares. es no informados a sus titulares.