Las preocupaciones por seguridad nacional y por la creciente actividad criminal en línea se han convertido en justificación para la vigilancia de las autoridades a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), sin embargo, no cualquier actividad de inteligencia por los Estados es legal, ni legítima. Es necesario analizar las nuevas técnicas de vigilancia y revisar los marcos jurídicos de los países para asegurarnos de que estén en línea con los derechos humanos.