En 2021, durante el Paro Nacional, el Estado colombiano puso en marcha el Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad (PMU-Ciber). Este consistía en una mesa de cooperación entre varios organismos de seguridad que vigiló contenidos publicados por la ciudadanía en el marco de las manifestaciones1. El PMU-Ciber operó sin que estuviera clara su justificación legal y reglas de funcionamiento2 y, más importante aún, no estaba claro qué hacía y cómo. La única certeza, según las declaraciones de sus integrantes, era que estaban realizando “ciberpatrullaje” en internet.